El miércoles le tocó el turno a las universidades venezolanas. Durante la madrugada de ese día (hora local), la mayoría chavista en la Asamblea Nacional sancionó una nueva Ley de Educación Universitaria para poner a todas las instituciones de estudios superiores al servicio "de la construcción del nuevo modelo socialista" y en el puño del presidente Hugo Chávez.
Cientos de estudiantes, profesores y ex alumnos se concentraron en la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, para protestar contra la aprobación de la ley. "Este es un golpe de Estado a la inteligencia, y este golpe de Estado lo vamos a enfrentar con la resistencia, con resistencia y en paz. Acataremos la Constitución, que está vigente, y que garantiza en su artículo 109 la autonomía universitaria, que seguiremos ejerciendo", ha dicho la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha. La Guardia Nacional Bolivariana reprimió la manifestación con perdigones, agua y gases lacrimógenos, y al menos tres personas sufrieron heridas leves.
La norma liquida la autonomía de las universidades públicas y privadas, que durante los últimos tres años han sido el motor de las protestas contra el Gobierno, y deja su funcionamiento en manos del "Estado docente", controlado por el Poder Ejecutivo. Con esta, ya son 17 las leyes que han aprobado los diputados oficialistas en las últimas dos semanas, apenas días antes de que el 5 de enero de 2011 se instale el nuevo Parlamento, donde Chávez ya no cuenta con mayoría calificada de votos y donde la oposición estará representada por 67 diputados. La más polémica de ellas ha sido la Ley Habilitante, que otorga poderes legislativos a Chávez hasta junio de 2012.
De acuerdo a los artículos 48 y 64 de esta nueva ley, "la educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista" y los procesos formativos en la educación universitaria, en todas las áreas de conocimiento, deberán fomentar "actitudes, valores y capacidades orientadas a la participación en el desarrollo endógeno, integral y sustentable de Venezuela en la consecución de la soberanía socioproductiva para la construcción de la Patria socialista". Uno de los fines superiores que persigue este modelo es "consolidar el vínculo entre la educación emancipadora, y el trabajo creador y liberador", en función de "superar el modelo alienante del capitalismo, sus modos de dirección autoritaria, las relaciones sociales de explotación, la división social del trabajo y la distribución desigual de la riqueza".
Una vez que el presidente Chávez promulgue la Ley de Educación Universitaria, quedará eliminada la figura del Consejo Nacional de Universidades, que era el órgano rector de la educación superior del país y que estaba integrado por los rectores de las casa de estudio público y por representantes de las Federaciones de Estudiantes y del Ministerio de Educación. La máxima autoridad, en lo sucesivo, será el "Estado docente", manejado por el Ministerio de Educación Superior. El órgano de consulta del ministro será el Consejo de Transformación Universitaria, integrado por una mayoría de representantes del Gobierno y de organizaciones sociales afines a la "revolución".
La ley además establece que todas las universidades del país pasarán a ser públicas y estarán "puestas al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo", según lo establece el artículo 12. Algunas de ellas, "las instituciones de educación universitaria de gestión popular", serán creadas como semilleros del socialismo del siglo XXI, pues estarán "especialmente orientadas a la autoformación colectiva, integral, continua y permanente del pueblo en las diversas áreas del saber, a fin de establecer las condiciones de organización y autoorganización popular para impulsar y consolidar las nuevas relaciones sociales de producción, en el marco de la construcción de la Patria Socialista Bolivariana".
En esta nueva estructura, los profesores ya no son "profesores" sino "trabajadores académicos". Y pueden ser sancionados con la inhabilitación para ejercer cargos docentes hasta por cuatro años, si la nueva figura del Consejo Disciplinario decide que han incurrido en una falta "muy grave" como, por ejemplo, "el irrespeto público, notorio y deliberado a valores y signos patrios y universitarios". Los estudiantes y los "trabajadores administrativos y obreros" también quedan sometidos a este régimen disciplinario.
Los 17 diputados que conforman la bancada de oposición dentro de la Asamblea Nacional salvaron su voto. "Cualquier tipo de autonomía que pueda tener las universidades queda a discreción de un funcionario designado por el Ejecutivo", alegó Ismael García, diputado del partido Podemos, disidente del chavismo.
